Jenner & Block

La pandemia del COVID-19 y el impacto de las medidas de protección sobre las obligaciones internacionales de los Estados en materia de inversión

Introducción

  • Desde que se informó por primera vez sobre la existencia y peligrosidad del coronavirus COVID-19 en Wuhan, China, en diciembre del año pasado, los países de todo el mundo han tratado de detener la propagación del virus.
     
  • El brote se ha convertido en una amenaza global y el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote constituía una emergencia de salud pública de interés internacional. Posteriormente, el día 11 de marzo de 2020 la OMS declaró pandemia al COVID-19.
     
  • La respuesta de Estados ha comprendido emitir medidas tanto para proteger la salud pública y salvar vidas, como para rescatar sus economías. 
     
  • Con la finalidad de salvaguardar la salud pública, los Estados han emitido prohibiciones de viaje, puesto en cuarentena a sus ciudadanos y aislado a los infectados en un intento por detener la propagación del nuevo virus. Asimismo, algunos Estados se han visto en la necesidad de emitir declaraciones de estado de emergencia.
     
  • Dichas medidas tienen por finalidad contener la rapidez de la propagación de la enfermedad y evitar que los sistemas de salud de los Estados colapsen ante el incremento exponencial de la demanda de servicios sanitarios. 
     
  • En todo el mundo, el impacto total del brote y las medidas de emergencia resultantes en el comercio internacional aún están por verse. Sin perjuicio de ello, es notorio que la actividad privada se ha visto sensiblemente afectada, existiendo casos de interrupciones o paralizaciones totales de la operativa, cierres de lugares de trabajo, interrupciones en los canales de suministro y distribución, escasez de mano de obra y demanda, entre otros efectos.
     
  • Como consecuencia, los Estados también están tomando o deberán tomar medidas con el objetivo de estabilizar sus economías.
     
  • Tanto las medidas que se adopten en materia de salud como en materia económica podrían comprender riesgos de reclamaciones para los Estados.
     
  • Los inversores internacionales generalmente cuentan con una serie de protecciones conforme al derecho internacional consuetudinario y resultantes de los tratados bilaterales (TBI), tratados multilaterales de inversión (TMI) o tratados de libre comercio (TLC), suscriptos entre el Estado receptor de la inversión y el Estado de la nacionalidad del inversor. Como consecuencia, inversores internacionales que sean beneficiarios de estas protecciones podrían eventualmente realizar una reclamación internacional buscando ser indemnizados por los daños que las medidas adoptadas por el Estado receptor le han provocado en su inversión.
     
  • Esta posibilidad, o eventualidad, de reclamos podría ser especialmente relevante en proyectos o concesiones en desarrollo que se hayan visto interrumpidos por las medidas de emergencia tomadas para combatir el COVID-19.
     
  • Atento a lo expuesto, los Estados deben estar advertidos y preparados ante la eventualidad que existan este tipo de reclamaciones. Asimismo, los Estados deben tomar en cuenta sus obligaciones internacionales hacia los inversores extranjeros al valorar las medidas que implementarán en respuesta a la pandemia. En el presente documento, revisamos el derecho applicable y advertimos las buenas prácticas que los Estados pueden implementar en aras de evitar o minimizar la posibilidad de demandas.